La actual ley que regula el desperdicio alimentario a nivel estatal es la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Su objetivo es “la prevención y la reducción de las pérdidas y del desperdicio de alimentos por parte de todos los agentes de la cadena alimentaria, y establece una jerarquía de prioridades de solución y da respuesta al objetivo sobre el sistema alimentario de producción y de consumo responsables de la Agenda 2030”. 

A nivel europeo, la Directiva (UE) 2025/1892 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de septiembre de 2025 por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre residuos tiene por objetivo avanzar hacia una gestión más sostenible de los residuos, haciendo especial énfasis en los residuos textiles y los residuos alimentarios, por los que fija unos objetivos obligatorios de reducción por los estados miembros. Complementariamente, se dispone de la Decisión delegada (UE) 2019/1597 de la Comisión de 3 de mayo de 2019, que establece una metodología común y los requisitos mínimos de calidad para la medida uniforme de los residuos alimentarios, y la Decisión de Ejecución (UE) 2019/2000 de la Comisión, que establece un formato estandarizado para recoger y comunicar datos sobre los residuos alimentarios generados en diferentes fases de la cadena alimentaria.